Ahora sí hay datos económicos que muestran recuperación. Sin embargo, en la Argentina del vértigo político electoral parece que nada alcanza. El nivel de violencia de los últimos veinte días, la desaparición de Santiago Maldonado, la ausencia de datos sobre esa investigación pero sobre todo el manoseo político del tema licuó rápidamente las buenas nuevas de la economía.
Por citar sólo algunos ejemplos: la industria volvió a crecer el mes pasado, la construcción repuntó un 20%, el dólar se tranquilizó luego del serrucho previo a las PASO, hubo un escaso traslado a precios de aquella temeraria ola ya que la inflación de agosto no superaría el 1,5% y en septiembre sería mucho menor. Creció el empleo privado en el primer semestre del año, la recaudación subió 10% por encima de la inflación en agosto gracias a la reactivación incipiente de la actividad económica y podría, a este ritmo, agregar unos $ 80.000 millones adicionales este año. Hubo una suba de casi 50% de escrituras porteñas el último mes y casi la mitad de ese incremento se explicó por los créditos hipotecarios.
Son datos indiscutibles del Indec y la AFIP que no lucen. Hay algo más: faltan poco menos de 50 días para las elecciones de octubre. ¿Serán los días que siguen como los que han pasado?
Esa preocupación recorre por estas horas los escritorios de los principales Ceos y dirigentes empresarios. Sin embargo, como en la mayoría de los otros sectores de la oposición, gobernadores, la Iglesia, los gremios, también los empresarios miran este clima político en silencio. Es paradójico porque reina el optimismo respecto del futuro aunque, expectantes, aguardan los resultados de octubre. Si en las elecciones legislativas ratifican lo que ocurrió en las PASO, habrá más acción en el sector privado. Es decir, inversiones locales reales, en especial de las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, de quienes aún como en la construcción y la industria padecen nostalgia de la década pasada.
El mientras tanto es arduo, tenso e incómodo. El Grupo de los Seis sigue sin poder convocarse y saben que el presidente Mauricio Macri les tiene cada vez menos simpatía. El Foro de Convergencia, que supo difundir documentos técnicos inéditos, tampoco logra rearmarse ahora. En los festejos del Día de la Industria, a los que sí concurrió finalmente Macri y su principal espada, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, hubo pase de facturas. Para el entorno presidencial, la mayoría de los dueños de las fábricas fueron cómplices silenciosos como la mayoría de todos los empresarios durante los tiempos del apriete kirchnerista y hoy carecen entonces de autoridad moral para levantar sus voces. En el Gobierno apuestan al recambio generacional también en este ámbito.
Desde la UIA, que conduce Miguel Acevedo, reclaman más sinergia público/privada en dos áreas que consideran clave: los acuerdos Mercosur/Unión Europea que el Gobierno quiere cerrar antes de fin de año y las discusiones con los Estados Unidos por la eventual marcha atrás en los aranceles al biodiésel. El mismo 31 de agosto en el Parque Industrial de Pilar, el propio Acevedo dejó en claro cara a cara con Macri, que hay respaldo fabril para la reforma tributaria. De todos modos, el industrial deslizó una advertencia que causó poca simpatía en el Presidente. Fue el VIP, antes de las fotos públicas. Recordó que tener más participación en la letra chica por parte de empresarios con experiencia aportaría más barro a las negociaciones de algunos técnicos del gabinete económico. Habría habido advertencias sobre el caso del biodiésel en los Estados Unidos por parte de algunas industrias que fueron desoídas por Producción y Hacienda. A Macri le fastidiaron esos dichos.
Por si faltaran tensiones, la CGT tripartita está al borde de la fractura porque un sector insiste en avanzar con la realización de un paro nacional antes de las elecciones de octubre. Es un partido chico. En este momento el 95% de las paritarias ya fueron cerradas con aumentos que promedian un 23% y que tienen cláusula gatillo. Por otro lado, la litigiosidad laboral pareciera seguir también los vaivenes de la política de campaña. Desde que se aprobó la nueva ley de ART, en febrero de este año sólo CABA adhirió a esa norma mientras que otras provincias como la de Buenos Aires no adhirieron. Por lo tanto la creatividad jurídica de algunos abogados especializados encontró sorprendentes maniobras de subsistencia. De acuerdo con datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART), que preside Mara Bettiol, mientras que en territorio porteño la litigiosidad disminuyó un 17% en la arena bonaerense subieron un 47% en los primeros siete meses de este año. La misma fuente reveló que comparando julio 2017 contra igual período 2016 los juicios por accidentes de trabajo sólo se incrementaron uno por ciento. En fin, tensiones políticas en tiempos de gradualismo económico.
